En mayo de 1931, con la llegada de la II República, ardían iglesias por todo el país; sorprendentemente (o no tanto), toda la historiografía de izquierdas (que es como decir casi toda la historiografía) fija su atención en la carta pastoral de Monseñor Segura ( https://linz.march.es/Documento.asp?Reg=r-46859 ), que vendría a ser la inequívoca demostración, según los propagandistas expertos, de que la Iglesia tuvo desde el principio una actitud beligerante contra la mencionada II República, lo que supuso una intolerable provocación a la recién traída democracia. Lo de las llamas se menciona de pasada en tantos libros sobre el tema que resulta altamente sospechoso, aunque no tanto como el hecho de que el documento que se esgrime como primera prueba de la intolerable provocación de la Iglesia contra el sistema, es decir, la mencionada pastoral, no sea facilitado para su lectura en ninguno de esos estudios que la señalan como un hito que vendría a explicar y justificar muchas de las salvajadas que la Iglesia y sus fieles sufrieron a lo largo del nefando régimen “democrático”.  Encontrado, y no sin dificultad, el documento y leído el mismo, se entiende perfectamente que quienes se refieren a él como elemento decisivo para la confrontación con los católicos y la derecha en general no lo facilitaran a sus lectores: era la prueba justamente de lo contrario que pretendían hacernos creer los manipuladores: la declaración de la Iglesia en la que, a pesar de no comulgar con el nuevo régimen –como, por otra parte y desde un prisma realmente democrático y no recalcitrantemente sectario como lo fue la II República, estaba en su derecho-, instaba a sus fieles a acatarlo, y no de manera muy sorprendente si nos atenemos a aquello de “mi reino no es de este mundo” y  “al César lo que es del César”.

Esta es una más del millón de mentiras y manipulaciones que se cuentan sobre lo que ocurrió del 31 al 36, años que preceden a la Guerra Civil y el franquismo, periodos históricos estos dos últimos que son consecuencia directa del anterior, que explica por qué los españoles terminamos a tiros y por qué, como es natural, la facción ganadora ejerció la represión sobre el enemigo para, una vez ganada la contienda en las trincheras, desactivar cualquier posible rebrote de confrontación. De haber ganado la guerra los totalitarios comunistas, satélites del Moscú bolchevique y genocida, no parece fácil que los nacionales hubieran recibido un trato mucho mejor, a juzgar por cómo eran cazados como conejos antes de y durante la Guerra Civil por el simple hecho de ir a misa o llevar sotana, por ejemplo. Se argumenta que el levantamiento de Franco lo fue contra un gobierno democrático y legítimo, lo cual constituye otra de las falsedades más gruesas utilizadas por los propagandistas para justificar lo injustificable (léase, por ejemplo, España, de Salvador de Madariaga –uno de os artífices intelectuales que trajeron la República–, o el más reciente 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Álvarez Tardío y Villa). En todo caso, llamar democracia legítima a lo que fue un infierno de sectarismo, manipulación, violencia, opresión y falsificación sin duda da la certera medida del concepto que de democracia tienen quienes defienden semejante mamarrachada, y da una inquietante perspectiva de lo que puede caernos encima si se consolidan en el poder. De momento, con el apoyo de golpistas, filoterroristas y totalitarios leninistas, pero no de las urnas, se han subido al carro del poder estos demócratas socialistas, y ya empiezan a asomar las garras en forma de memoria histórica, que es lo mismo que decir falsificación máxima, ahora en versión embudo.

Cuatro son los pilares sobre los que se va a sustentar esta reforma de pestilente tufo totalitario que los socialistas del nuevo presidente con trampas van a imponer, como buenos demócratas que son, exactamente igual que lo fueron sus conmilitones de los años treinta, con el guerracivilista bolchevique Largo Caballero a la cabeza (“Quiero decirles a las derechas que si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados; pero si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble: colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas”) o el bon vivant supuestamente razonable Indalecio Prieto, demócrata de toda la vida y gran organizador de revoluciones (“Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el PSOE y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario de octubre de 1934. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo.” Indalecio Prieto, 1 de mayo de 1942). Veamos, pues, sobre qué se sustenta el aborrecible texto inspirado, entre otros, por Baltasar Garzón, juez cuya fiabilidad viene avalada por haber sido apartado de la carrera por prevaricación:

Pilar número 1: creación de una Comisión de la Verdad. No se entienda esto como una interpretación particular de algo con otro nombre porque es exactamente así como la denominan en la ley. Sin empacho y sin complejos por que pudiera parecerse a algo extraído del 1984 de Orwell, nada de eso; por la calle de en medio, que es como les gusta circular a estos. Una comisión de expertos elegidos para dictar qué es verdad y qué no lo es de aquello que pasó, pero sólo a partir del 18 de julio y hasta la aprobación de la Constitución del 78. Astutamente, se obviará todo lo que ocurrió del 31 al 36, que es precisamente lo que explica porqué ocurrió lo que ocurrió a partir del julio del 36. Aun así, podríamos referirnos también a las salvajadas que la izquierda hizo durante la Guerra Civil, pero esta posibilidad queda desactivada porque se consideran víctimas sólo a quienes “por su lucha por los derechos y libertades fundamentales del pueblo español, hayan sufrido los mencionados daños…”, y, como es bien sabido, fue la izquierda la que, con individuos como Largo y Prieto o Carrillo en Paracuellos, encabezó el impulso por la lucha de derechos y libertades del pueblo español. Dado que la derecha, del Partido Radical a la Comunión Tradicionalista, estaba nutrida por fascistas más o menos enmascarados, las posibles víctimas de entre ellos no son computables, puesto que no luchaban “por los derechos y libertades fundamentales del pueblo español”. Llegan tan lejos en su enfermizo sectarismo que, además de cantar el carácter “imparcial e independiente” de la comisión mencionada, añaden que la misma tendrá un carácter “diferencial y de género” (sí, han leído bien: de género), aspecto este último fundamental para hacer un análisis histórico veraz y riguroso.

Pilar número 2: entre fuego de artificio y fuego de artificio (exhumación de Franco del Valle de los Caídos, desmontaje del monumento, persecución de símbolos a nivel público y privado…), una vez establecidos los dogmas de la Memoria Histórica, los mismos será enseñados en los colegios, por tierra, mar y aire, sin posible contestación ni matiz. Así, el Ministerio de Educación  obligará a incluir en las programaciones “la enseñanza de la historia democrática y la lucha por los valores y libertades democráticas”. Es de suponer que, junto con la corrupta oligarquía de partidos que padecemos, la II República será el referente ideal para calibrar qué es “libertad y democracia”, con su acceso al poder sin elecciones, su quema de iglesias, su Ley de Defensa de la República, su constitución no refrendada por los ciudadanos, su violencia anarquista, su revolución socialista del 34, sus tres intentos de golpe de estado por parte de los republicanos y socialistas cuando la CEDA ganó las elecciones en el 33, su prevaricación para quitarse de en medio al presidente Alcalá-Zamora, su falsificación de actas en el 36, sus diputados con pistolas en el parlamento, sus amenazas de muerte en el mismo parlamento y su asesinato cometido por las fuerzas de seguridad del gobierno del Frente Popular, concretamente el de uno de los jefes de la oposición (porque a otros dos no los encontraron en su casa) llamado Calvo-Sotelo. Obviamente, todo esto tiene un sustrato tan genuinamente democrático como la propia Ley de Memoria Histórica que lo toma como referencia.

Pilar número 3: censura de cualquier información que cuestione la Verdad de la Comisión de la Verdad. Es decir, una vez establecida la Verdad con mayúscula e iniciado el adoctrinamiento vertical, horizontal y transversal de los niños, para garantizar que nadie pueda escribir algo como lo que leen, “A través de los medios de comunicación públicos, se promocionará el conocimiento de la memoria democrática española mediante programas específicos de divulgación y mediante la cobertura informativa de actividades relacionadas con la materia. La divulgación dará difusión al relato de las víctimas. Asimismo, se elaborará un manual de estilo para el adecuado tratamiento de la información en materia de memoria histórica”.  De los medios de comunicación privados  no hacen mención, pero para ellos  o para las manifestaciones de carácter individual tienen reservado un tratamiento, una vez más, de raíz profundamente democrática, que es el que constituye el cuarto pilar.

Pilar número 4: la represión. Respecto a aquellas manifestaciones que se posicionen como lo hace el presente artículo (por ejemplo, afirmando que el levantamiento militar del 18 de julio estuvo plenamente justificado por ser una reacción contra un régimen sectario y antidemocrático en un clima de violencia revolucionaria y agitación social insoportables –“media España no se resigna a morir”–), el Estado totalitario se reserva el derecho de aplicar una pena de prisión de seis meses a dos años a “quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo…”, concretamente imponiendo la pena “en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información”. 

Además, “se impondrá pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia…”, ciscándose, por cierto, en uno de sus clásicos mantras, el relativo  al carácter de reinserción que las penas carcelarias supuestamente tienen una vez cumplidas las mismas. Encarcelado e inhabilitado el criminal y su crimen contra la Verdad, queda por hacer desaparecer el cuerpo del delito, de forma que "El juez o tribunal acordará Ia destrucción, borrado e inutilización de los Iibros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los cuales se hubiera cometido. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de Ia información y Ia comunicación, se acordará Ia retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de Ia sociedad de Ia información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o Ia interrupción de Ia prestación del mismo".

Todo esto lo decimos por si alguno no se había enterado, como con la ley LGTBI, otra manifestación intolerable de totalitarismo. Sobre esto, no se oye ninguna denuncia ni del PP ni de C’s, así que apresurémonos a publicar esto antes de que nos cierren el chiringuito, nos quemen los artículos, nos echen de nuestro puesto de trabajo, nos coloquen una multa, nos inhabiliten para ejercer nuestra profesión y nos manden al trullo o, ya puestos –al tiempo–, al gulag. Democracia en estado puro.